La mayoría del Panel UC se inclina por postergar un nuevo proceso constitucional si el actual fracasa

Como nunca, desde que se inició el segundo debate constitucional, la discusión sobre el nuevo texto se ha tomado todos los ámbitos. Y el Panel de Políticas Públicas de la Universidad Católica no ha sido la excepción, sumándose a la preocupación acerca del destino del proceso, cuando la posibilidad de que no se cierre con una nueva carta fundamental va en aumento ante la falta de acuerdos al interior del Consejo Constitucional.

En este escenario y ante la consulta sobre “si el proyecto de Constitución se rechaza en diciembre, sería aconsejable suspender un nuevo proceso constitucional por un plazo razonable”, la instancia impulsada por la Escuela de Gobierno de la UC, integrado por profesionales de distintas disciplinas y sensibilidades políticas, se inclina mayoritariamente por esta opción. Tanto que un 70%, de los 30 que respondieron a fines de septiembre, está de acuerdo o muy de acuerdo, en contraste con un escaso 17% que está en la postura contraria.

Si no se aprueba un texto, “hay algunos que dicen que el proceso se terminó; pero otros también están abiertos a ir al Congreso, pero con una fórmula distinta, que es reformar la Constitución actual”.

Si bien unos y otros se muestran interesados en que el proceso concluya y se cierre con una nueva Constitución -porque eso da estabilidad y certeza jurídica-, coinciden con el ánimo ciudadano reflejado en las encuestas respecto de que en el evento de que no se cumpla el objetivo, habrá que dar un tiempo para retomar ese debate.

La medición, realizada en alianza con Tele13 Radio y Diario Financiero, también reveló que no existe mayor diferencia en el grado de acuerdo promedio entre hombre y mujeres, en una escala del 1 al 5, aunque los primeros están algo más de acuerdo con la premisa propuesta (3,6) que las mujeres (3,5). Algo similar ocurre en lo que respecta a la postura por edades, ya que los menores son levemente más favorables a la afirmación (3,7) que los mayores (3,6).

Posición política marca diferencias

Sin embargo, es la posición política la que marca la mayor distancia o cercanía con la afirmación, ya que quienes se identifican con la centroderecha están más alineados con la premisa planteada (4,1) que los que se inclinan hacia la centroizquierda (3,1).

Esto lo atribuye el profesor de Ciencia Política de la Universidad Católica, Diego Díaz, a que a los segundos los “complica un poco más que el proceso se acabe acá, porque son quienes han empujado históricamente el eventual cambio constitucional”.

Alessia Injoque
Expresidenta y directora de Fundación Iguales.

“Debería tomarse la Constitución propuesta por la comisión experta y modificarse en el Congreso. En su defecto, debería definirse de inmediato un camino a seguir, los tiempos podrían ser más holgados para independizar el proceso de otras elecciones”.

José De Gregorio
decano Fen de la Universidad de Chile.

“Sería muy lamentable, pero puede ser el costo de que se presente otro mal proyecto. Existen muchas opciones entre las cuales no tengo claro cual sería la más adecuada (...)”.

Sylvia Eyzaguirre
Investigadora en el área de educación del CEP.

“Después de dos fracasos sería razonable que los cambios constitucionales los llevara a cabo el poder legislativo. Pero ello dependerá de la coyuntura política”.

Valentina Quiroga
Fundación Horizonte Ciudadano.

“No es trivial determinar cuánto podría considerarse un plazo razonable, pues no será sostenible que no seamos capaces de contar con una nueva Constitución que se haga cargo de las necesidades actuales de Chile. Podría ser el próximo Gobierno y Congreso”.

Ernesto Silva
Expresidente de la Udi y académico UDD.

“La pregunta usa el verbo suspender. Me parece que puede inducir a error dado que, de rechazarse en diciembre, formalmente está terminado el proceso excepcional”.

Cristian Rodríguez
Instituto de Políticas Públicas de la UCN.

“No están las condiciones para un acuerdo transversal, menos cuando el próximo y siguiente año parte calendario electoral”.

Fotos: Julio Castro y José Montenegro

Por otro lado, los economistas también se manifiestan más favorables a la proposición (3,9), que los de otras profesiones (3,4).

Llama la atención que, en sus respuestas, algunos de los panelistas se abren a la idea de que el Congreso asuma rol más activo, en el supuesto caso de que el actual proceso fracase.

En este sentido, Díaz aclara que si bien hay una posición minoritaria que optaría por ir de inmediato a un tercer proceso, en las respuestas aparece la opción de que, “eventualmente, el Congreso tome el borrador de los expertos y, a partir de ahí, se haga una nueva Constitución”.

Y, después, en el grupo mayoritario -que es el que cree que no hay que ir de inmediato a un tercer proceso-, señala que “hay algunos que dicen que el proceso se terminó; pero otros están abiertos a ir al Congresp, “pero con una fórmula distinta, que es reformar la Constitución actual”.

Efectos nocivos

A este respecto, el cientista político cree que reformar la Constitución actual “es bien posible de hacer”, al menos en aquellos aspectos que existe acuerdos, muchos de los cuales -detalla- tienen que ver con materias de sistema político. Ello, debido a que el año pasado el Parlamento aprobó varias reformas constitucionales que bajaron los quórums para hacer cambios sustanciales a la carta magna, lo que facilitaría el proceso.

Aunque aclara que, de todos modos, lo ideal es que en este segundo intento se apruebe el texto propuesto, porque mantener este tema abierto, tendría “efectos nocivos para el colectivo del sistema político y, en consecuencia, para el país en su conjunto”.

Estos dicen relación con que se seguirá deteriorando la legitimidad de todos los actores políticos y la gobernabilidad se hará cada vez más dificil; y, no menos importante, se generará una incertidumbre permanente en materia económica, lo que afectará, entre otras cosas, la inversión.

Los últimos pasos del Consejo Constitucional

Mientras el debate en torno al futuro del proceso constitucional sigue tomándose la agenda, algunos prefieren mirar el vaso medio lleno y recordar que aún le restan etapas.
Y claro, porque aunque los acuerdos han sido esquivos en el marco del Pleno del consejo, muchos representantes del arco político tienen la mirada puesta en la Comisión Experta, que deberá analizar el informe con el detalle de las votaciones e intentar enmendar algunos aspectos para que sean “aprobabables”.
El próximo 7 de octubre deben recibir el informe, para lo cual, en principio, el 4 del mismo mes, el Consejo Constitucional deberá cerrar el proceso de votaciones de los 15 capítulos que tiene la propuesta de este órgano, que añadió a los 13 de la Comisión Experta, dos relativos a “Defensa Nacional” y “De la seguridad pública”.
Como parte de escenario, esta semana se deberían sancionar los capítulos relativos a la Contraloría y el Banco Central, entre otros.